No hay antecedentes históricos sobre la discusión frustrada del presupuesto nacional. La oposición celebra en su interior, mientras que los bancos mundiales de crédito desconfían de la actual dinámica del Congreso de Colombia por no aprobar ninguna iniciativa gubernamental. La Constitución de Colombia le otorga al presidente Petro la facultad de sancionar el presupuesto 2025.
En cumplimiento de lo establecido en la Constitución, el Presidente ha anunciado la intención de decretar el Presupuesto nacional para el año 2025. Este acto se encuentra fundamentado en el artículo 352 de la Constitución, que otorga al Presidente la facultad de presentar el presupuesto y, en caso de que el Congreso no lo apruebe a tiempo, de implementarlo por decreto, asegurando así el funcionamiento del Estado.
El presupuesto propuesto asciende a 523 billones de pesos y ha sido presentado tras un análisis exhaustivo y debate por parte de las comisiones económicas del Gobierno. Sin embargo, la situación en el ámbito legislativo ha cambiado drásticamente. Los senadores de la derecha, a pesar de haber elaborado casi 700 propuestas, optaron por no debatirlas, eligiendo en su lugar una estrategia de boicot hacia las iniciativas del Ejecutivo.
Esta decisión política, evidenciada por la oposición en el parlamento, podría desencadenar un clima de caos en la administración pública, un fenómeno que los mismos opositores pregonan contra todo aquello que no se alinee con su visión. Además, la derecha parece estar dispuesta a socavar el funcionamiento de las fuerzas militares y la rama judicial, puesto que los salarios de jueces, fiscales y demás trabajadores del sistema judicial dependen directamente del presupuesto presentado por el Presidente.
Los críticos del gobierno, alarmados por las calificaciones de las agencias de calificación de la deuda, argumentan que el decreto presupuestario afectará la “confianza” de los mercados. Sin embargo, es importante recordar que la calificación de la deuda no es competencia del Congreso, cuyo rechazo al presupuesto ayer fue evidenciado por la falta de quórum. Bajo la administración de Petro, la deuda exterior ha sido atendida puntualmente, a pesar de las dificultades impuestas por la gestión anterior de Duque, quien dejó un legado de alto endeudamiento que aún afecta las finanzas del país.
Además, se debe considerar que el precio de la gasolina y del ACPM actual son herencias de políticas de la administración de Duque. En este contexto, algunos economistas neoliberales han lanzado advertencias sobre el “decretazo” de Petro, compitiendo por generar temor en la opinión pública sobre el futuro económico, y pidiendo a los parlamentarios ausentes que “ojalá” rechacen también la ley de financiamiento.
Es fundamental que el país entienda la importancia de un presupuesto que permita la continuidad del funcionamiento del Estado y el bienestar de sus ciudadanos, más allá de los intereses políticos de un sector específico. La responsabilidad recae en todos los actores, tanto en el Gobierno como en el Congreso, para garantizar un futuro económico sostenible y equitativo.
El gobierno no le va a quitar dinero a la registraduría ni al CNE.
Terminó siendo falsa la denuncia de la oposicion sobre el desfinanciamiento de la Registraduria y del CNE.Finalmente “Se decreta el presupuesto que el Gobierno inicialmente presentó al Congreso”.
“ El… pic.twitter.com/fi43OP7bTb
— Barrancabermeja Virtual (@BcaVirtual) September 25, 2024
