*LaChispa
A pocos días del inicio del receso parlamentario y en vísperas de las festividades de fin de año, la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro ha desplegado una serie de estrategias legislativas con el propósito de impedir la discusión y aprobación de la Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional. Esta iniciativa tiene como objetivo reactivar la economía y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Presupuesto General de la Nación para 2025.
Los coordinadores ponentes de la iniciativa, designados en las comisiones económicas del Congreso, han trabajado durante seis semanas en la conciliación de un artículo que será sometido al primero de los cuatro debates requeridos para su aprobación como ley. Este esfuerzo busca asegurar los recursos necesarios para la financiación del presupuesto del próximo año.
No obstante, senadores de los partidos Liberal y Conservador han encabezado lo que se ha denominado un «plan tortuga» legislativo. Entre sus acciones se encuentra la inasistencia a las reuniones de los coordinadores ponentes, la filtración de información incompleta sobre los temas en discusión y la alineación con sectores empresariales interesados en obstaculizar la reforma.
La oposición parece decidida a obstaculizar la aprobación del presupuesto para 2025, incluso a costa de generar una crisis económica que debilite al gobierno y favorezca sus propios intereses políticos y electorales.
En este contexto, han recurrido a la difusión de argumentos infundados. Han afirmado que la Ley de Financiamiento implicará un aumento de impuestos para los ciudadanos y las pequeñas empresas. Sin embargo, esta acusación carece de fundamento, ya que el proyecto de ley diseñado por las comisiones económicas no afectará negativamente a las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, estas se verán beneficiadas por nuevas deducciones tributarias que buscan fortalecer su productividad.
En contraste, las grandes empresas, multinacionales, petroleras, bancos y grandes industrias, que actualmente utilizan mecanismos legales para reducir sus obligaciones tributarias, deberán realizar mayores aportes al erario público. La reforma propone una contribución más equitativa que permita fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica del país. Hoy no pagan lo justo y eso es una verdad de apuño.
“Nunca asisten a las reuniones preparatorias para la discusión de la Ley de Financiamiento y, de manera intempestiva, irrumpen en el debate con el único propósito de sabotear la iniciativa, sin siquiera considerar sus beneficios para la ciudadanía y las finanzas públicas”, señaló la senadora del Pacto Histórico, Aída Avella.
En este escenario, los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático han unido esfuerzos para bloquear, por diversos medios, el avance de las reformas sociales y económicas impulsadas por el Gobierno Nacional. A pesar de los obstáculos y de la desinformación difundida por algunos medios de comunicación, el Ejecutivo reitera su compromiso de informar a la ciudadanía sobre los objetivos de la Ley de Financiamiento y los recursos que se esperan recaudar para garantizar la estabilidad económica de 2025.
