La Chispa
En un debate en el recinto del Senado del Colombia, la senadora del Pacto Histórtico Aída Avella denunció el 16 de noviembre de 2024 un escándalo que ejemplifica cómo la Ley 80 ha sido un instrumento al servicio de la corrupción. Más de 6 mil millones de pesos, destinados al desarrollo rural en Pasquilla, Ciudad Bolívar, se desvanecieron en los convenios 682 y 774, firmados entre la Alcaldía Local y la entidad ALDESARROLLO.
A pesar de las promesas de tecnificación agrícola, los campesinos continúan sin recibir los insumos y apoyos pactados, mientras el dinero público parece haber alimentado redes de clientelismo y opacidad. La figura de ALDESARROLLO, presentada como una alianza sin ánimo de lucro de universidades públicas, encarna lo peor del modelo de contratación estatal bajo la Ley 80. Esta entidad acumuló 88 contratos por más de 226 mil millones de pesos en apenas un año, aprovechándose de los vacíos legales que permiten adjudicaciones directas sin competencia.
No es un caso aislado, es una constante entre los contratistas del Estado, no cumplir el objeto del contrato, mientras la ley 80 se muestra tímida para defender los recursos publicos. En lugar de garantizar transparencia y eficacia, la ley habilita la entrega discrecional de contratos que se transforman en botines para actores políticos y privados. En este contexto, los llamados «contrataderos» no son anomalías, sino una práctica habitual que perpetúa la desigualdad y priva a las mayorías de servicios esenciales.
La senadora Avella señaló con firmeza la necesidad de desmontar este modelo y construir un nuevo marco legal que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses privados. La Contraloría y otros entes de control deben actuar con contundencia, pero esto no basta: es hora de que el país reconozca que la Ley 80 es una de las raíces del problema. Este sistema legal no se reforma, se erradica, para abrir paso a una verdadera gestión pública al servicio del pueblo.
Desde el Congreso y con el respaldo de las fuerzas progresistas, se impulsa un cambio estructural que elimine los privilegios creados por la Ley 80 y restituya los recursos públicos a las manos de quienes más los necesitan. El futuro de Colombia no puede seguir secuestrado por una maquinaria que convierte el presupuesto nacional en el botín de la corrupción. Es momento de construir un modelo transparente, ético y solidario, donde el bienestar de las mayorías sea el único norte de la política pública.
