Por: Senadora Aída Avella
El departamento de Putumayo es una tierra inmensamente rica en petróleo, ganadería, agricultura, fuentes hídricas y recursos naturales, estratégicos para la supervivencia del planeta en tiempos de cambio climático.
Esta riqueza atrajo decenas de miles de colombianos buscando mejores oportunidades para ellos y sus familias provenientes de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y otras regiones del país. Fueron atraídos por el abundante trabajo generado por la industria petrolera en al menos seis (6) municipios del Putumayo, así como por el uso ilícito del cultivo de coca, aumentando significativamente la población local del departamento. A esto se le adiciona la población flotante de Ecuador y Perú que comercia con Colombia en torno a los ríos Putumayo y San Miguel, y la presencia de los migrantes venezolanos.
Los recientes combates del lunes pasado entre actores armados, que dejan al menos veinte (20) víctimas mortales, demuestran la vulnerabilidad en la que se encuentra la población civil en un territorio en disputa, copado por actores ilegales.
El barrio El Porvenir del municipio de Villa Garzón, es la clara muestra de ello. Inaugurado originalmente para cien (100) familias víctimas del conflicto armado en 2016, por medio de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía local, tiene, ocho (8) años después, tan solo 40 casas techadas, y 60 por terminar. A esto se le agregan 1200 familias acumuladas en torno a estas cien casas, y 700 más en arriendo externo, todas en resistencia civil, exigiendo que sus derechos básicos sean atendidos frente a su situación de extrema vulnerabilidad.
La comunidad organizada, en torno a la asociación de campesinos víctimas y vulnerables “Sembrando Futuro Unidos por la Paz”, exige la creación de una Mesa Técnica, y la presencia de los directores de las agencias del Estado, cuya misionalidad está directamente relacionada con esta situación, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la ANT, la ART, la DPS, la DNP, la presencia de la Gobernación y la Alcaldía Local, y el acompañamiento de los organismos de control, donde se hable de autoconstrucción y se den soluciones urgentes dando cumplimiento a los compromisos adquiridos previamente, para que avance la iniciativa PDET priorizada en 2023, reubicando estas 2000 familias en resistencia.
En la actualidad, son 4718 habitantes sin techo ni solución de vivienda duradera los que exigen ser atendidos, así como 14748 habitantes víctimas del conflicto armado, en un municipio como Villa Garzón, con una población de más de 27000 habitantes, casi la mitad de todos sus habitantes, generando un problema mayúsculo. Acompañamos a la comunidad en la exigencia del cumplimiento de sus derechos más fundamentales, a través de soluciones viables a corto y mediano plazo como la auto-construcción, corrigiendo este pasivo histórico.
