Claudia Flórez @ClaudiaFlorezPC El gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro ha iniciado el proceso de redistribución de tierras más ambicioso en décadas, golpeando las bases históricas del poder terrateniente y abriendo el camino hacia una revolución agraria democrática. La continuidad de este proceso exige consolidar el poder popular, fortalecer el Pacto Histórico y garantizar una nueva victoria política que permita profundizar las transformaciones en el campo colombiano.
Una nueva etapa
La concentración de la tierra ha sido uno de los pilares fundamentales de la desigualdad social. Durante siglos, el latifundio ha sostenido el poder económico y político de las élites, mientras millones de campesinos, indígenas y afrocolombianos han sido excluidos del acceso a la tierra y condenados a la pobreza, marginalidad y violencia.
Este modelo, donde una minoría ínfima concentra la mayor parte de la tierra y la mayoría de los hogares rurales carece de acceso a ella, no solo ha limitado el desarrollo económico del país, también ha sido una de las causas estructurales del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el despojo sistemático de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Frente a esta realidad, la lucha por la tierra ha sido históricamente por la justicia social, la democracia y la dignidad.
El Gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro ha marcado un punto de inflexión. Por primera vez, el Estado colombiano ha asumido la tarea de democratizar el acceso a la tierra y avanzar en el cumplimiento de una deuda histórica con el campesinado.
A través de la Agencia Nacional de Tierras, del ministerio de agricultura se han gestionado 712.205 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras y 1.913.967 hectáreas se han formalizado, siendo 521.493,9 hectáreas para campesinos y 1.392.473 hectáreas para comunidades étnicas.
Estos logros representan mucho más que cifras, son el inicio de un proceso de transformación estructural que comienza a desmontar las bases históricas del poder terrateniente.
Reforma y revolución
La reforma agraria constituye el punto de partida de un proceso histórico más amplio que tiene como horizonte la revolución agraria, entendida no solo como redistribución de la tierra, sino como transformación profunda de las estructuras económicas, sociales y políticas que han sostenido el poder del latifundio en Colombia.
Si la reforma corrige parcialmente la injusta concentración de la propiedad rural, la revolución agraria apunta a modificar las relaciones de poder que han mantenido las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, en condiciones de subordinación y exclusión.
Este proceso implica la construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural basado en la producción campesina, comunitaria y asociativa, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía popular, acompañado de acceso real al crédito, infraestructura, agua, tecnología y condiciones dignas de vida en el campo. Se trata, en esencia, de democratizar el territorio y garantizar que la tierra cumpla su función social, productiva y ambiental.
La revolución agraria representa una transformación democrática que busca poner fin al dominio histórico del latifundio y construir una Colombia donde la riqueza del campo beneficie a quienes la trabajan. Es parte de una revolución de los territorios que pone en el centro a las comunidades y reconoce al pueblo como protagonista del cambio.
Campesinado, sujeto de la transformación
Este proceso no surge como una concesión de las élites, es el resultado de la lucha persistente del campesinado colombiano, que durante generaciones ha resistido el despojo, la violencia y la exclusión. Ha sido el pueblo organizado quien ha abierto el camino hacia la transformación, demostrando que la historia puede cambiar cuando las mayorías asumen el protagonismo de su propio destino.
Territorios como San Onofre, donde el paramilitarismo convirtió la tierra en instrumento de terror y despojo, son hoy símbolo de recuperación y dignidad. La entrega de tierras a comunidades campesinas representa no solo una medida económica, sino un acto de justicia histórica que devuelve el derecho a producir, a vivir y a construir futuro.
Los avances han abierto una nueva etapa en la historia nacional, pero su continuidad depende de la correlación de fuerzas políticas. Los sectores que históricamente han concentrado la tierra y el poder buscan recuperar el control del Estado para frenar las transformaciones en curso y restaurar el modelo de desigualdad que ha caracterizado al país durante décadas.
Por ello, la lucha por la tierra es también por el poder político. La profundización de la reforma agraria y el avance hacia la revolución agraria dependen de fortalecer el proyecto unitario del Pacto Histórico y consolidar una nueva mayoría popular en el Congreso de la República.
El liderazgo de nuestro candidato presidencial Iván Cepeda Castro representa la continuidad del proceso de transformación iniciado por el Gobierno del cambio y el compromiso de profundizar las reformas necesarias para construir una Colombia más justa.
Como ha señalado el propio Cepeda, el desafío es defender los avances logrados e impedir que el país regrese al pasado de violencia, despojo y exclusión.
Poder popular
La transformación del campo requiere políticas públicas y el fortalecimiento del poder popular. La elección de una bancada sólida del Pacto Histórico al Senado y la Cámara es una tarea estratégica para garantizar que el poder legislativo respalde las reformas sociales y no actúe como instrumento de bloqueo de las transformaciones.
Además, significa garantizar la continuidad de un proceso que busca democratizar el acceso a la tierra, superar las desigualdades sociales y construir un modelo de desarrollo basado en la justicia social.
Colombia vive un momento decisivo. La reforma agraria ha comenzado a abrir el camino hacia una transformación más profunda y el campesinado emerge como protagonista central de este proceso. La revolución agraria es una expresión concreta del poder popular y de la capacidad del pueblo para transformar su propia historia.
Por primera vez, el pueblo no solo resiste, sino que avanza en la conquista de sus derechos. La recuperación de la tierra representa el restablecimiento de la dignidad, la esperanza y la posibilidad de construir un país distinto.
El futuro de Colombia se está sembrando en el campo. Allí, donde durante décadas reinó el abandono y la violencia, hoy germinan las semillas de la justicia social y la democracia.
La reforma agraria ha abierto el camino. La revolución agraria será la obra consciente del pueblo organizado.
