Simón Palacios_ Colombia arrastra 13,8 millones de hectáreas arrebatadas y más de siete millones de personas expulsadas de su tierra. El coeficiente Gini de concentración de la propiedad rural llegó a 0,89 en 2022, uno de los más altos del planeta. Estas no son cifras frías: describen la raíz del conflicto y explican por qué el problema agrario sigue siendo el núcleo de la desigualdad nacional. Durante décadas, esa estructura se consolidó mediante leyes regresivas y el debilitamiento sistemático de la institucionalidad agraria. Normas como la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 902 de 2017 judicializaron procedimientos que antes eran administrativos, blindando el latifundio y enterrando la posibilidad de recuperar baldíos.
En ese contexto de contrarreforma debe leerse el viraje del gobierno Petro. La Agencia Nacional de Tierras ha adquirido diez veces más hectáreas que en el gobierno anterior y veinte veces más que en el período de Santos. El aumento presupuestal, la compra de tierras para producir alimentos y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos —incluida su territorialidad— marcan un quiebre histórico. Los resultados ya se ven: nuevas Zonas de Reserva Campesina, protección de suelos estratégicos y un crecimiento agropecuario del 8% en 2024, que jalona incluso la recuperación industrial.
Pero la discusión va más allá de lo productivo. La concentración territorial ha sostenido por décadas el poder de élites regionales y redes clientelares que secuestran la democracia. Transformar el campo implica modificar relaciones de poder entre terratenientes y trabajadores, entre capital y comunidades. También exige revisar la dependencia de un modelo extractivista que privilegió la minería sobre la comida. Lo logrado hasta ahora es solo el comienzo, basado en compra de predios. Para profundizar se requiere eliminar trabas judiciales, fortalecer la jurisdicción agraria y garantizar que la propiedad cumpla su función social.
Lo que está en juego no es solo la redistribución de la tierra. Es la posibilidad de desmontar una estructura histórica de desigualdad y abrir un nuevo equilibrio democrático. Eso depende del respaldo político y la movilización social, de la unidad entre movimientos campesinos, indígenas y afro, y del apoyo al Pacto Histórico y a Iván Cepeda. Porque sin tierra para el pueblo, no hay paz que valga.
25/02/26
