*Hernán Camacho Mataron a «Don Andrés», capo de la «Oficina de Envigado», en un parqueadero de Medellín. Entre sus pertenencias hallaron un papelito. Un pagaré: «El señor Guillermo Arango le debe al señor OTO BULA para pagar $5’450 mil en propiedades, le dará Garantía Hipotecarias». Ese hombre es Otto Nicolás Bula Bula, antioqueño, exsenador liberal (1998-2002), condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, capturado en 2017 y sentenciado a 5 años de prisión.
Ese papelito destapó un engranaje criminal. Bula no es solo el caso de un político corrupto, sino de un experto despojador que usa todas las formas de violencia para acumular miles de hectáreas de tierra.
La violencia en los Montes de María es uno de los numerosos casos que la justicia evidenció: la relación de políticos despojadores que, después de la llegada del terror paramilitar a la región, el asesinato a líderes sociales, el desplazamiento de la población y el amedrentamiento total, se hacen dueños de las tierras abandonadas.
Los terceros de buena fe, «Firme aquí. Le compro su finca por dos millones». El campesino asustado firma. El notario pone su sello. El sello convierte el despojo en propiedad privada. Así, tierras comunitarias, parcelas de pequeños agricultores, baldíos de la nación, todo termina en manos de terceros, empresarios del campo: «Yo compré de buena fe. Mire la escritura». El despojador no necesita fusil. Necesita una notaría.
Otto Bula no se quedó con las tierras a su nombre. Las traspasó a Agropecuaria El Central S.A., una sociedad anónima donde su esposa, Carmen Luz Hoyos Abad, figuraba como representante legal. Así construyó un entramado societario para que los predios tuvieran una barrera de difícil acceso. El campesino desplazado no sabía contra quién pelear. El folio de matrícula no decía «Bula».
Una parte de la institucionalidad agraria fue diseñada para proteger a los despojadores. El gobierno del cambio se empeñó en la reforma agraria y se encontró con una barrera institucional que ha intentado romper. Así es como el Fondo de Tierras, creado por el Acuerdo de paz, recibió más de 3.500 bienes inmuebles rurales, de los cuales el 75% no están bajo su control. Deben aprenderse. Si sumamos el número de predios rurales que tiene la SAE y los bienes del Fondo, se suman un millón de hectáreas a la reforma agraria. ¿Por qué no se ha logrado? Porque la también senadora Cabal presentó una demanda ante el Consejo de Estado para dejar sin efecto el destrabe judicial que liberaría tierra que en teoría es del Estado.
A Bula, hace tres meses, le extinguieron el dominio de 26 fincas, 101 cabezas de ganado, dos megaempresas de alimentos, además de las sociedades a nombre de su esposa. Eso es lo que pudo probar la justicia. Lo que no pudo probar, porque la investigación fue torpe, porque los notarios siguen sellando, porque los abogados siguen tramitando, sigue en manos de los despojadores.
El 30% del Congreso colombiano tiene líos judiciales por tierras baldías. Por eso no votan la jurisdicción agraria. Se les acaba el negocio.
