Por: Senadora Aída Avella
Ante los nuevos elementos publicados recientemente por la prensa colombiana que, citando funcionarios de la Casa Blanca en Washington y otras fuentes en Bogotá, aseguran que el virus de espionaje informático “Pegasus”, producido por la empresa israelí NSO Group, fue pagado y donado por el gobierno estadounidense al gobierno colombiano, como parte de un “paquete rutinario de ayuda” recibido en 2019 durante la presidencia de Iván Duque, cesado según esas mismas fuentes por evidencias de su utilización en violación de los derechos humanos en 2020, cabe hacerse las siguientes preguntas, de la mayor gravedad:
¿Por qué el gobierno estadounidense directamente, o a través de alguna de sus agencias de seguridad –CIA, DEA, NSA, etc-, hace “donación” de una herramienta informática que ese mismo gobierno prohíbe utilizar en su territorio desde ese mismo año?
¿Por qué el gobierno estadounidense adquiere esa herramienta informática a través de grandes sumas en efectivo que prendieron las alarmas de todos los organismos de control de lavado de activos a nivel internacional a partir de Colombia, sumas que fueron presuntamente incautadas al narcotráfico en Colombia?
¿Por qué el gobierno estadounidense sigue insistiendo en que fueron ellos los que adquirieron “Pegasus” cuando el fabricante israelí NSO Group ha dejado claro desde septiembre de 2024 que esa herramienta de espionaje fue vendida y adquirida por el Gobierno colombiano, y más particularmente por la DIPOL?
¿Cómo es posible que un gobierno extranjero considere que “no es necesario” informar al Jefe de Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de otro país sobre la “donación” de un VIRUS de espionaje informático, utilizado mundialmente para violar gravemente los derechos humanos?
¿Por qué los subalternos del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en particular de la Policía Nacional, consideran que no deben informar a su Máximo Jefe y Presidente de la República con relación a esta “donación”, poniendo gravemente en riesgo la soberanía nacional?
¿Por qué el Presidente de la República no está informado de todo lo que acontece en asuntos de inteligencia y espionaje, que afecta gravemente nuestra soberanía nacional?
Y finalmente, ¿por qué insisten en la teoría de confundir una supuesta “donación” del gobierno estadounidense que según fuentes de la Casa Blanca fue entregada al gobierno colombiano en 2019 y cesada en 2020, cuando todas las evidencias de pagos, vuelos, matrículas de aviones, bitácoras de vuelo, tránsito de aeronaves en tierra, reservas de hotel, ingresos de Migración Colombia, dejan establecido de manera incontrovertible, el papel de la DIPOL en todo este entramado EN 2021, que ahora quieren disipar?
Ante una inaceptable cesión de la soberanía nacional, y una posible y presunta traición a la patria de los mandos involucrados de la Policía Nacional, la DIPOL, el Ejecutivo, más concretamente del Ministro y Viceministro de Iván Duque, así como la responsabilidad del Presidente de la República, por acción o por omisión, habrán denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que establezca hechos, responsabilidades, y actúe con prontitud y eficiencia frente a tan grave violación a la soberanía nacional.
