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En un escandaloso caso de corrupción, 36 EPS (Entidades Promotoras de Salud) han sido denunciadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por facturar servicios de salud relacionados con accidentes de tránsito que nunca ocurrieron. Según la ADRES, estas EPS utilizaron un modus operandi basado en mentiras, pruebas falsas y documentación alterada para desviar recursos públicos, afectando gravemente al sistema de salud colombiano. Este tipo de fraude no solo representa una fuga masiva de fondos, sino que también perjudica a los ciudadanos que realmente necesitan atención médica.
El gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro, también se ha pronunciado al respecto. En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario denunció que estas EPS han estado involucradas en grandes negocios fraudulentos, utilizando documentos falsos para lucrarse ilegalmente. Petro señaló que estas prácticas corruptas han desviado recursos que deberían destinarse a mejorar la atención en salud para los colombianos, especialmente para los más vulnerables. Esta situación ha generado indignación en la opinión pública, que exige acciones contundentes contra los responsables.
Otra de las prácticas denunciadas es el desfalco sistemático por parte de algunas EPS, que priorizan el pago a sus propias IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios) dentro de su misma corporación, mientras dejan en deuda a hospitales y clínicas externas. Por ejemplo, una EPS puede mantener al día los pagos a sus 10 IPS afiliadas, pero incumplir con las obligaciones financieras hacia hospitales públicos o independientes que han prestado servicios reales a los pacientes. Esta práctica no solo afecta la sostenibilidad del sistema, sino que también pone en riesgo la atención médica de miles de personas.
La ADRES ha informado que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las irregularidades cometidas por las 36 EPS denunciadas. Según la entidad, estas empresas, muchas de ellas «EPS de papel», facturaban servicios médico-quirúrgicos por accidentes de tránsito sin contar con instalaciones adecuadas o, en algunos casos, sin tener instalaciones en absoluto. Las auditorías realizadas confirmaron la inexistencia de estos servicios, lo que evidencia un proceso ilegal de facturación. La ADRES espera que la Fiscalía actúe con celeridad para investigar y sancionar a los responsables de esta grave irregularidad que ha saqueado los recursos destinados a la salud de los colombianos.
