por: Hernán Camacho @camachohernan
En un giro sorprendente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado públicamente apoyar a la oposición venezolana, en medio de un escándalo de corrupción que involucra el presunto desvío de fondos de la USAID y el Departamento de Estado.
Este caso ha sacudido a la política venezolana y ha puesto en evidencia las tensiones dentro de la oposición, así como su relación con Washington. Trump, conocido por su postura dura contra el gobierno de Nicolás Maduro, ha sorprendido a muchos al distanciarse de los líderes opositores, sugiriendo que “no se puede confiar en quienes malversan fondos destinados al pueblo venezolano”.
Por estos días los titulares de la prensa en Estados Unidos, advierte el cierre de la Usaid, y como efecto se preguntan sobre los fondos que a través de esa agencia se conjuro corrupción en cabeza de la oposición venezolana, intentando dar golpes de estado a los presidentes Chávez y el actual Nicolás Maduro.
El escándalo es la revelación de nuevas pruebas que apuntan al desfalco de miles de millones de dólares destinados a la oposición venezolana. Según denuncias del diputado chavista Diosdado Cabello, en lo que va de 2024 se han identificado transferencias millonarias a ONG y partidos opositores que nunca llegaron a su destino real. Estas acusaciones han generado un terremoto político en Venezuela y han puesto en duda la transparencia del actuar de los líderes opositores. Cabello afirmó que “el dinero que debía usarse para ayudar al pueblo venezolano terminó en cuentas privadas y proyectos fantasmas”.
Entre los implicados en este caso de malversación de fondos se encuentran figuras prominentes de la oposición, como María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó. Según Cabello, estos dirigentes habrían participado en la creación de redes fraudulentas, como la denominada “Red 600K”, para desviar dinero destinado a la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estas acusaciones han sido respaldadas por documentos y pruebas que, según se afirma, están en manos del FBI. Además, se reveló que la USAID habría financiado ilegalmente las primarias opositoras a través del Centro Wilson y la empresa fachada Consulting Grow, encargada de pagar la logística electoral.
El escándalo ha trascendido las fronteras de Venezuela, ya que las autoridades estadounidenses están investigando activamente el caso. Figuras como Gaby Arellano, Julio Borges, Tomás Guanipa y José Manuel Olivares están bajo la lupa de las investigaciones. Cabello incluso bromeó al afirmar que “la operación Tun Tun se mudó para Washington y Miami”, en referencia a la presunta red de corrupción que habría operado desde el exterior. El FBI ha intensificado su investigación, lo que ha generado temores entre los líderes opositores de que más nombres salgan a la luz.
En medio de este escándalo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a cientos de miles de venezolanos de la deportación en Estados Unidos ha expirado oficialmente el 7 de abril. Esta decisión, publicada en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afecta a 348.202 venezolanos que recibieron este estatus en 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida al afirmar que es “contrario al interés nacional” que estos ciudadanos permanezcan en el país. El documento del DHS reconoce que algunas de las condiciones críticas en Venezuela “pueden continuar”, pero argumenta que ha habido “mejoras notables en áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia”, lo que permitiría el regreso seguro de los venezolanos.
Además, la orden menciona preocupaciones sobre la seguridad pública y el “nexo potencial con la pertenencia a bandas criminales”, así como el impacto negativo en las comunidades estadounidenses. Esta decisión ha generado controversia y ha dejado a miles de venezolanos en un limbo migratorio.
El retiro de los fondos de la USAID ha dejado a la oposición en una situación crítica. Figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se han visto directamente afectadas, ya que no cuentan con recursos para financiar testigos electorales, movilizar electores o mantener la cohesión interna. Según analistas, las fracturas dentro de la oposición se han profundizado, con cada facción intentando asegurar lo que queda de los fondos. “Cada uno está viendo cómo roba lo que queda”, comentó un excolaborador de la oposición.
El escándalo podría marcar el colapso definitivo de un sector de la derecha venezolana, el más violento, el responsable de las guarimbas y el más reciente amago de violencia después de las elecciones presidenciales en 2024. “Si el FBI investiga seriamente, no se salva ninguno”, afirma el ministro del interior de Venezuela, Cabello. Esta advertencia ha generado un clima de incertidumbre entre los líderes opositores en Miami, lugar de mayor presencia Guaido y compañía en los Estados Unidos, muchos de los cuales dependían del apoyo internacional para mantener su influencia.
En conjunto, estos eventos han creado un panorama complejo para la oposición venezolana, que no solo enfrenta acusaciones de corrupción, sino también la pérdida de apoyo internacional.
