Por: Orlando De La Hoz García
El próximo 31 de mayo, Colombia no solo acudirá a las urnas; se situará con determinación frente al espejo de su propia historia. Lo que está en juego es la decisión de asegurar la ruptura definitiva con la exclusión o permitir el regreso de un régimen que, por décadas, confundió el Estado con una hacienda particular. La candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué no es un simple dato electoral; representa la oportunidad histórica de cerrarle el paso a quienes pretenden restaurar un pasado de privilegios a costa del dolor ajeno y la impunidad.
Para comprender el presente, es imperativo escrutar el inventario de verdades que compone el legado de Álvaro Uribe Vélez, un expediente de infamia cuyas culpas emergen en cada etapa de su carrera. Bajo esa imagen de anciano hoy bonachón, subyace un hombre que adeuda cuentas sagradas a las víctimas y que se reserva el derecho de no pedir perdón. Nos lo pretenden imponer como el salvador que frenó a la guerrilla, pero la historia evidencia que fue él quien terminó de anegar al país en sangre. Todo comenzó en los años ochenta cuando, desde la dirección de la Aerocivil, facilitó el despegue de las rutas de la cocaína otorgando licencias que oxigenaron al naciente Cartel de Medellín. Años después, como gobernador de Antioquia, su gestión quedó marcada por la creación de las Convivir —germen legal del paramilitarismo que asoló el departamento— y por la masacre de El Aro, mientras el rastro de sangre de los «Doce Apóstoles» cercaba ya a su hermano Santiago.
Una vez instalado en la Casa de Nariño, el horror se institucionalizó como política de Estado. La alianza macabra entre la oligarquía, el poder mafioso y la Fuerza Pública alcanzó niveles de barbarie con masacres como la de Macayepo y El Chengue, donde el terror se cebó sobre los campesinos con la anuencia de sectores militares. Esta connivencia no fue accidental, sino el resultado de pactos políticos de alto nivel: mientras desde la vicepresidencia de Francisco Santos se cohonestaba con el discurso de la seguridad, en las sombras se sellaban alianzas con los señores de la guerra. La degradación moral alcanzó su punto más sombrío con los denominados «falsos positivos»: el asesinato sistemático de más de 6.402 jóvenes inocentes presentados como bajas en combate. El país contempló con estupor cómo el alcalde de El Roble, Tito Díaz, denunciaba su propia muerte en un consejo comunal ante la mirada impávida de un mandatario que no movió un dedo para evitar su asesinato. Bajo su égida, el DAS fue cooptado por el paramilitarismo de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, transformándolo en una central de persecución y «chuzadas» contra la justicia.
En el plano internacional, su mandato fue el de un caballo de Troya en la región. Mientras América Latina buscaba una integración soberana, Uribe entregó el territorio para la instalación de bases militares extranjeras, convirtiendo a Colombia en el portaaviones de los intereses de Washington. Su sumisión ante la Casa Blanca fue el reverso de su agresividad con los vecinos; fracturó la hermandad latinoamericana con bombardeos y provocaciones que nos aislaron del continente. Puertas adentro, blindó su autoritarismo mediante la domesticación de los grandes medios de comunicación, vendiendo la peligrosa falacia del «Estado de Opinión». Fue una trampa retórica diseñada para poner el capricho de las mayorías manipuladas por encima de la Constitución, un intento de validación mediática para sus excesos que hoy, cínicamente, sus herederos intentan revivir.
El poder no solo se mantuvo mediante el plomo y el micrófono, sino a través de un fango de corrupción sin precedentes. La «Yidispolítica» fracturó la Constitución para imponer una reelección espuria, mientras el fenómeno de la parapolítica permitía que estructuras criminales controlaran más del 35 % del Congreso bajo la premisa de «refundar la patria» en acuerdos oscuros como el Pacto de Ralito. Fue el periodo del despojo: mientras Luis Carlos Restrepo orquestaba falsas desmovilizaciones de utilería, el Gobierno privatizaba Telecom, desmantelaba el ISS y fragmentaba Ecopetrol. Incluso hoy, ese legado persiste en el lodo judicial con la reciente manipulación de testigos que intenta, infructuosamente, tapar el sol con un dedo.
Este proyecto arribista busca retornar a través de herederos como Paloma Valencia, que encarna el racismo estructural, o Abelardo de la Espriella, representante de la estética de la opulencia y el arribismo más ramplón. Reconocer este peligro exige honestidad sobre el presente: el gobierno de Gustavo Petro no es perfecto y enfrenta la fricción propia de quien intenta remover estructuras anquilosadas. Persisten retos en la ejecución y la seguridad territorial, pero una cosa es la crítica para perfeccionar el cambio y otra es claudicar ante el espejismo de un pasado oprobioso. Regresar a las manos de quienes convirtieron el Estado en una fosa común sería caer nuevamente en el abismo.
Es imperativo recordar a las nuevas generaciones esta realidad; no por venganza, sino por memoria. Condenamos con igual rigor la crueldad de una guerrilla degradada que traicionó sus ideales por el narcotráfico. Ese ciclo de violencia debe romperse. Colombia reclama educación, salud y empleo digno bajo un modelo asociativo que genere riqueza compartida. La gestión de Petro ha marcado la ruptura necesaria para ser Potencia Mundial de la Vida, pero es el respaldo a Cepeda y Quilcué lo que constituye el blindaje definitivo contra el olvido. Este 31 de mayo, la victoria debe ser contundente. Colombia ya eligió avanzar. Porque, como bien se dice en el corazón de nuestra gente: pa’ atrás, ni pa’ coger impulso.
