¿Fraude o paranoia? El riesgo electoral de 2026

Por: Gabriel Ramón Pérez

La escena se repite con una precisión inquietante: se acerca una elección, sube la temperatura política y el país vuelve a discutir si el voto vale lo que dice valer. Esta vez, el calendario apremia. El próximo 8 de marzo de 2026, Colombia elegirá Congreso y realizará consultas presidenciales con una denuncia viva: no se dejó participar a Iván Cepeda, quien lidera todas las encuestas; sin embargo, el debate se ha encendido prematuramente tras las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre la opacidad en los escrutinios y la excesiva tercerización de componentes críticos del proceso.

Para analizar esto con rigor, conviene poner tres hechos en el centro, sin el ruido de las redes y sus cuestionamientos de las burbujas algorítmicas que, sin duda, modelan una postura política en favor del capital:

En primera medida, la denuncia del Ejecutivo; el presidente ha señalado riesgos estructurales en el sistema de escrutinio. Su crítica apunta a que la dependencia de software privado y la falta de auditorías públicas abren brechas de vulnerabilidad que el Estado no debería permitir.

Un suceso no menor es el antecedente de 2022. Las irregularidades no son fantasmas. En las legislativas de 2022, el diseño del formulario E-14 afectó la visibilidad y el registro de votos. Aunque la MOE no afirmó un fraude concluyente, sí documentó «comportamientos atípicos» en mesas donde listas enteras aparecieron con cero votos. Acá no perdamos de vista la recuperación de varias curules que se habían embolatados en contra del Pacto Histórico.

Por último es preciso tener en cuenta el mapa del riesgo territorial. La integridad electoral no es solo un asunto de bits; es un asunto de violencia. La MOE advirtió que para 2026 existen 170 municipios bajo riesgo por la coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude. En 81 de ellos el riesgo es extremo, golpeando directamente la libertad política y de prensa. ¿A quién le ha convenido históricamente la mezcla de fusiles y urnas?

Ante este panorama, la pregunta es ineludible: ¿Qué significa «integridad electoral» en un Estado donde el proceso depende de contratistas privados y donde la violencia condiciona el voto en regiones enteras?

El principal riesgo electoral en Colombia no es un «gran fraude» cinematográfico de una sola noche, ya ese fue con Pastrana (El padre, no el de los archivos Epstein). Es algo más banal y, por ende, más grave: la captura progresiva del sistema por una mezcla de tercerización opaca, clientelismo local y la consabida coerción armada. Esta amalgama convierte la democracia en un trámite formal para legitimar poderes que ya pudieron haber sido decididos en otros escenarios.

Dicho de otro modo: el problema no es solo si «roban votos». El problema es quién controla la infraestructura —técnica y territorial— que decide qué votos cuentan y quiénes pueden votar sin miedo.

Desde una lectura crítica, la democracia debería ser la administración del conflicto social a través de la voluntad popular. Pero esa promesa requiere que el procedimiento sea creíble. Cuando el sistema se terceriza y se vuelve una «caja oscura» —software cerrado, cadenas de custodia difusas y contratación opaca— se crean dos escenarios peligrosos:

El primero de ellos es la manipulación real. Micro-irregularidades que siempre favorecen a los mismos y burocracias que corrigen cuando el daño ya es irreversible.

Por otro lado, está la manipulación del relato: El uso del «fraude» como arma política para deslegitimar resultados cuando no favorecen a las élites tradicionales VS La manipulación del mismo relato en el marco de una denuncia legítima.

La opacidad beneficia históricamente, a quienes han ostentado el poder porque les permite operar con impunidad o, al menos, con una «duda razonable». En 2022, incluso cuando hubo explicaciones técnicas, la confianza pública quedó herida.

En este tablero, los actores no son abstractos:

Ganan los contratistas y las redes clientelares que ven en la logística electoral un negocio y una forma de control.

Ganan los grupos armados que inciden en territorios donde la ciudadanía vota bajo amenaza.

Pierde una buena parte del pueblo. Cuando el voto se percibe inútil, se impone el cinismo y se desmoviliza la participación, fortaleciendo la dominación de los sectores de siempre.

El espejo de Macondo

García Márquez ya lo narró: en Macondo, el fraude orquestado desde la autoridad local siembra la rebelión. No por romanticismo, sino porque cuando el poder secuestra el mecanismo de representación, empuja el conflicto hacia terrenos más oscuros. Colombia ha vivido demasiado tiempo aceptando la democracia como una ceremonia vacía y la verdad como un expediente guardado bajo llave.

Desde una perspectiva progresista, el punto no es ganar una discusión sobre una mesa de votación específica. El punto es disputar el control social del Estado: que lo público no sea una concesión a privados ni un botín de facciones.

A medida que nos acercamos a las urnas, Colombia debería bajar el volumen del espectáculo y subir el estándar democrático. El mayor riesgo no es que alguien grite «fraude»; es que normalicemos la opacidad y la violencia como parte del paisaje. La democracia no se protege con llamados a la calma, sino con control popular y soberanía sobre el proceso. Lo demás es dejar el poder intacto y al pueblo dividido.

PD: Y ya que estamos en estas y si queremos hablar en serio de garantías electorales, hay que señalar otro de los elefantes en la sala: el Consejo Nacional Electoral (CNE). Su diseño actual no es el de un árbitro imparcial, sino el de un directorio de cuotas partidistas que funciona como un apéndice de la representación legislativa. Al depender directamente de la correlación de fuerzas del Congreso, el CNE nace amarrado a los intereses de quienes debe vigilar, convirtiéndose en un mecanismo de preservación del statu quo.

Aunque el día de ayer se dio la esperada aceptación de la fusión entre la Colombia Humana y el Pacto Histórico, artilugio jurídico cuyo retraso, como hecho político, puso en vilo la vida de varias de las listas en coalición del Pacto Histórico por temas de porcentaje electoral, la discusión de fondo debe apuntar a cerrar el ciclo de un órgano politizado para dar paso a una entidad funcional y con un robusto control ciudadano. Una institución que no le deba el cargo a las maquinarias y que posea la soberanía necesaria para garantizar la ecuanimidad, sin cálculos de coyuntura ni negociaciones bajo la mesa con los mismos partidos que hoy lo controlan.