★ Hernán Camacho El Decreto 1261 de 2026 le servirá al Gobierno De la Espriella para administrar y trasladar recursos sin control, crear impuestos y propiciar negocios financieros. Estos son los cuestionamientos al llamado «Fondo Milagro»
El sismo del 10 de agosto no solo remeció la tierra, sino el apetito de una clase política que, una vez más, ve en la tragedia una oportunidad para concentrar poder y desatender los mecanismos de control institucional.
El Gobierno nacional, a través del Decreto 1261 de 2026, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos. La medida busca formalmente dar una respuesta rápida a una catástrofe que dejó cientos de muertos, miles de damnificados y una infraestructura hecha añicos.
Sin embargo, al confrontar la letra del decreto con los datos del Registro Único de damnificados, RUD, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, y al analizar las instrucciones políticas que han circulado en los territorios, se perfila un escenario donde la emergencia se convierte en un vehículo para gobernar por fuera del Congreso, sin controles y con un claro sesgo hacia los negocios financieros y el favoritismo territorial.
El «Fondo Milagro»
El problema de fondo no es la declaratoria en sí, sino la nebulosa en la que se manejan los recursos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. El propio diagnóstico oficial es desolador: el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo apenas cuenta con 47 000 millones de pesos para atender pérdidas que superan los 30 billones.
El decreto abre la puerta a nuevos créditos internacionales y a la reorientación de las regalías, pero sin establecer mecanismos claros de veeduría ni controles fiscales efectivos sobre el «Fondo Milagro», del cual a la fecha no existe reglamentación ni decreto de creación, por lo que los recursos no tienen una ruta clara de llegada ni un administrador definido.
El silencio oficial contrasta con la premura que exige la atención a las víctimas, mientras los grandes contratistas y el sector financiero ya han comenzado a moverse para capturar los jugosos negocios de la reconstrucción, la cual se pretende realizar por fuera de los procedimientos ordinarios de contratación y supervisión.
A esta opacidad se suma una directriz política de especial gravedad: el Gobierno De La Espriella ha impartido la orden a gobernadores y alcaldes de no recibir ayudas, ni siquiera gestiones, de parte de los integrantes del Congreso de la República.
Esta instrucción, que ha circulado en los círculos del oficialismo territorial, tiene un objetivo claro: aislar al Legislativo de cualquier participación en la atención de la emergencia, para que el Ejecutivo pueda manejar todos los recursos, contratos y decisiones sin el contrapeso que constitucionalmente debe ejercer el Congreso.
Si la opacidad y el cerco al Congreso son el método, la ampliación territorial del decreto es su estrategia política. Los datos de la UNGRD, consolidados en el RUD al 25 de agosto de 2026, son contundentes y permiten dimensionar el desajuste entre la afectación real y la cobertura del decreto.
El total de familias afectadas asciende a 219 607, y el de personas a 476 000. En cuanto a viviendas, el reporte oficial indica 12 547 destruidas, 67 621 averiadas, 56 216 no habitables y 52 340 habitantes, concentrándose en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Quindío. Sin embargo, el decreto cobija a 15 departamentos, incluyendo a Antioquia, Sucre, Cundinamarca, Bolívar o Norte de Santander, donde la afectación es marginal o inexistente.
Varios de los gobernadores de estos departamentos añadidos sin necesidad comparten una afinidad política con el presidente de la República, y es precisamente a ellos a quienes la directriz de no recibir ayuda del Congreso les otorga un poder discrecional absoluto sobre los recursos excepcionales.
El decreto se convierte así en un instrumento de engorde territorial para los aliados del oficialismo, permitiéndoles acceder a recursos y facultades que no requieren justificación técnica ni control legislativo, todo bajo la sombra de una emergencia que, en los hechos, no los alcanza con la misma intensidad.
Obras por impuestos
El análisis económico que justifica el decreto revela una omisión deliberada: mientras se lamenta el déficit fiscal y se justifica el endeudamiento, se soslaya el papel de las altas tasas de interés, una política que encareció la deuda pública y benefició a los grandes tenedores de TES.
Por ejemplo, Miguel Gómez, actual ministro de Hacienda, fue presidente de Fasecoda entre 2020 y 2022, y durante esos años, coincidiendo con el ciclo alcista de las tasas de interés, las aseguradoras incrementaron su participación en TES hasta concentrar el 12% de la deuda pública colombiana, equivalente a más de 36 billones de pesos. Ahora critica el peso de la deuda desde el gobierno, pero su gremio de origen es uno de los principales beneficiarios de esa misma deuda.
El decreto abre la puerta a la extensión de la «Obras por Impuestos», una figura que permite a los grandes contribuyentes deducir sus inversiones en reconstrucción de sus obligaciones tributarias. El desastre se convierte así en un negocio para los grandes contratistas, que, además de obtener jugosos contratos, reciben un descuento en sus impuestos, y todo ello sin que el Congreso pueda intervenir en la definición de los criterios de priorización o en el seguimiento a la ejecución.
Por su parte, las propuestas de gestión y reconstrucción desde la oposición las encabezó Gustavo Petro, quien planteó un acuerdo nacional que no se basa en limosnas, sino en impuestos que al menos deben financiar 20 billones y que no puede pagar la gente trabajadora y campesina; añadió que otros diez billones se obtendrían por la vía de disminuir la actual tasa de interés de la Junta del Banco de la República.
Transparencia
La emergencia es real y la respuesta debe ser extraordinaria, pero el camino elegido por el gobierno De La Espriella no es el de la transparencia ni el de la colaboración institucional, sino el de la concentración del poder y el beneficio privado.
La reconstrucción no se hará con deuda ni con favores políticos, sino con control ciudadano, con veeduría independiente y con un Congreso que cumpla su función fiscalizadora, algo que este gobierno parece empeñado en impedir.
