★ Jhonatan Varón Posada
Más de 50 mil hectáreas consumidas revelan la ineficacia de la prevención estatal y desatan una ola de estigmatización contra las comunidades y la juventud, que salieron a defender el territorio con las uñas. Según informes de la Presidencia de la República, los incendios forestales en el Tolima han dejado una profunda huella de devastación: más de 50 000 hectáreas afectadas, cerca de 28 000 hectáreas agropecuarias perdidas, 2.660 productores damnificados y pérdidas que superan los 134 000 millones de pesos.
La emergencia, que golpea con fuerza a 28 municipios —siendo San Luis y Coello los más críticos—, mantiene sin alimento a 22 000 cabezas de ganado y pone en grave peligro a 163 000 animales en 507 veredas.
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Bomberos reportó la atención de 43 incendios, de los cuales 20 fueron controlados, 16 liquidados y siete permanecen activos. Este panorama amenaza directamente el bosque seco tropical, un ecosistema en peligro de extinción, afectando la fauna silvestre donde triglilas, osos hormigueros, armadillos y otras especies luchan por sobrevivir, según reporta Cortolima.
Detrás de las cenizas
La propagación descontrolada de estas configuraciones encuentra un factor catalizador innegable en las consecuencias del cambio climático y en las extremas condiciones del fenómeno de El Niño —lo que desmiente la insensata postura del ministro de Agricultura, quien de manera despectiva catalogó la alerta como «un cuento de los ambientalistas»—.
La catástrofe no se reduce a un mero hecho de la naturaleza. Detrás de las cenizas se evidencian otros elementos críticos: desde la irresponsabilidad de las llamadas «quemas controladas» hasta sospechas fundadas de manos criminales. Pero lo innegable es la absoluta insuficiencia de la respuesta gubernamental.
A nivel departamental se ignoraron las acciones preventivas proyectadas tras las configuraciones de 2023, tales como el fortalecimiento de bomberos, organismos de emergencia y reservorios de agua. Para colmo de males, el Gobierno De la Espriella tardó más de 15 días en hacer presencia en la región, privando a los socorristas del apoyo helicoportado oportuno, lo que multiplicó los daños en las configuraciones.
La criminalización como respuesta estatal
Ante la incapacidad gubernamental, el pueblo tolimense –encabezado por los habitantes de los territorios afectados, las organizaciones sociales y populares y la juventud, en su mayoría estudiantes de la Universidad del Tolima– hizo frente a las llamas que consumían el departamento con la solidaridad de la gente, arriesgando su integridad y su vida (tal como sucedió con el sismo del 10 agosto del presente año) con equipos donados y materiales insuficientes.
Pero la solidaridad popular ante la tragedia fue atacada, criminalizada y estigmatizada por el Gobierno nacional. En primera instancia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó que «integrantes de la denominada Primera Línea estarían infiltrándose en los puntos de atención de los incendios forestales en el Tolima con el objetivo de politizar la emergencia y alterar las labores de los organismos de socorro». Posteriormente, Abelardo de la Espriella manifestó que «los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo».
Estas acusaciones irresponsables del Gobierno nacional, sin ningún tipo de pruebas, fueron precedidas por un asedio mediático y señalamientos de la gobernadora Adriana Magaly Matiz contra líderes del Pacto en el Tolima que encabezaban las acciones para mitigar las configuraciones, por hacer críticas públicas a la mandataria cuando hizo presencia tardía en uno de los focos de los incendios en el corregimiento de Gualanday, en Coello.
Todas estas acciones estigmatizantes generan un grave riesgo de seguridad y de amenaza contra aquellos que han enfrentado las llamas desde la solidaridad y contra la oposición encabezada por el Pacto Histórico.
A esta actuación irresponsable se suma la captura de dos campesinos señalados de provocar un incendio forestal en el municipio de Dolores, Tolima, según la denuncia de Andrés Herrera, líder del Pacto Histórico en Ibagué.
Esta captura se realizó mientras hacían labores contratadas por una particular, lo cual al parecer demuestra la realización de un falso positivo judicial, en el afán de mostrar avances en las capturas y lograr titulares positivos para la gestión del Gobierno Nacional y departamental.
Intereses mineros bajo la sombra del fuego
Ante las cenizas de miles de hectáreas y las afectaciones a la vida silvestre del departamento, el expresidente Gustavo Petro ha manifestado que estas configuraciones no responden a hechos aislados y podrían ser acciones emprendidas por intereses mezquinos del Gobierno y del sionismo, que quieren apropiarse de estos territorios después de la tragedia, como está sucediendo en la Patagonia argentina.
A esto se suma la denuncia hecha por Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD: «Al cruzar los focos de calor y las áreas quemadas con los polígonos de títulos mineros vigentes se evidencia una notable coincidencia que merece ser investigada». Esto daría sustento a la intención criminal de utilizar los incendios para apropiarse de las tierras con fines de explotación minera.
Ante estos hechos, el representante a la Cámara por el Tolima del Pacto Histórico, Renzo García, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue las relaciones entre actividades mineras y petroleras y los incendios en la región. ★
