EDITORIAL_ La oposición no debate: demanda. Instrumentaliza la justicia para defender los intereses de los banqueros. Votan contra la reforma laboral y la demandan. Hacen lo mismo con la reforma pensional. También demandan la designación de ministros y hasta el aumento del 23% del salario mínimo.
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia acude a los tribunales porque aquí pierde el debate. Se jacta de demandar las reformas del cambio y de votar negativo al Presupuesto. Les molesta que los viejos tengan un mínimo decente. Prefieren ver a un abuelo con hambre y sin dignidad.
El presidente Gustavo Petro ha sido contundente al respecto. En sus redes sociales, les ha exigido directamente a los demandantes:
Le solicito al señor de la Espriella y a la señora Valencia retirar sus demandas sobre el sistema pensional porque lo único que han logrado es una transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión, que son los dueños de los bancos más grandes del país. (Fuente: X de Gustavo Petro)
Y ahonda en la lógica perversa de esta maniobra judicial:
Ahora resulta que si un ahorrador/trabajador traslada libremente sus ahorros a otro fondo que escoja es un expropiador. ¿Qué? Si un banquero se queda con ahorros de los trabajadores que quieren libremente trasladarlos no solo es el banquero el expropiador sino que es un ladrón aquí y en cafarnaum. Que digan la verdad no le pueden devolver el ahorro a los trabajadores porque invirtieron el ahorro de los trabajadores en sus propios negocios. (Fuente: X de Gustavo Petro)
Estas dos intervenciones del presidente dejan al desnudo la médula del asunto. Por eso, cuando el 24 de abril demandaron ante el Consejo de Estado el Decreto 415 del 20 de abril de 2026 (que permite el traslado de ahorros a Colpensiones), no buscaban proteger a los trabajadores. Buscaban frenar un derecho.
El Consejo de Estado falló en menos de 20 días contra el Estado y los trabajadores. La agilidad de la justicia, cuando se trata de frenar los intereses populares, es asombrosa. Inventaron un novedoso método jurídico: la expropiación de los aportes de los trabajadores.
Y aquí es donde las palabras de Petro resuenan con fuerza: la verdadera estafa está en la propiedad de esos ahorros. Los fondos privados de pensiones no son de los trabajadores. Pertenecen a la banca privada, a los empresarios más ricos de Colombia. Los trabajadores solo son clientes que pagan comisiones, mientras la banca, como denuncia el presidente, invierte el ahorro de los trabajadores en sus propios negocios y especula con él en el mercado de acciones.
Sectores judiciales que se imponen como mayorías en las altas Cortes actúan como oposición política activa. Rompen la esencia de la Constitución de 1991. Ponen el interés privado de los bancos por encima del interés público.
Para la derecha, gobernar con ideas de cambio es ilegal. No. Lo ilegal es condenar a millones a pensiones de hambre mientras los fondos privados repletan sus arcas y juegan con los ahorros de los colombianos.
