Hernán Camacho La disputa por la tierra vuelve a enfrentar dos proyectos de país: el que busca democratizar la propiedad rural, y otro que preserva los privilegios de los grandes propietarios y despojadores.
La reforma agraria puede frenarse sin derogar una sola ley. El recorte presupuestal, la suspensión de nuevas compras de tierras y el debilitamiento de las instituciones responsables de redistribuirlas configuran una contrarreforma agraria.
El balance del Ministerio de Agricultura, con corte al 16 de junio de 2026, reportó 806.082 hectáreas gestionadas para el Fondo Nacional de Tierras. De estas, 462.562 fueron adquiridas mediante compra directa, 175.054 corresponden a baldíos indebidamente ocupados recuperados mediante procesos agrarios y 24.584 provienen de bienes extinguidos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La redistribución reportada alcanzó 351.010 hectáreas para 95.727 familias: 81.405 de comunidades étnicas y 14.322 campesinas. El balance registra también 128.601 mujeres reconocidas en el proceso y más de 2,28 millones de hectáreas formalizadas. A estos avances se suman 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina y 912.137 hectáreas declaradas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
La política de tierras encabezada por la exministra Martha Carvajalino buscó transformar las condiciones históricas de acceso a la tierra. Incluso, ese ministerio proyectó un paso más que requiere el campesinado colombiano: una continuidad financiera, modernización del campo, capacidad institucional y protección territorial para convertir al país en una despensa de alimentos.
La contrarreforma fiscal
El recién aprobado Presupuesto General de la Nación para la siguiente vigencia proyecta una reducción drástica de los recursos destinados a las entidades responsables de la reforma agraria y del acompañamiento productivo campesino.
VOZ consultó al economista Juan Daza sobre la manera como el ministerio, vía desfinanciamiento, desmonta los principales programas de la reforma agraria:
“Los presupuestos conjuntos del Ministerio, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) pasarían de cerca de 2,96 billones de pesos en 2026 a 1,77 billones en 2027. La disminución sería de 1,19 billones, equivalente al 40,26%. El golpe más fuerte recaería sobre la ANT, cuyo presupuesto disminuiría un 55,98%. El programa de ordenamiento social y uso productivo del territorio rural perdería el 62,32% de sus recursos. En la ADR, el programa de inclusión productiva de pequeños productores rurales registraría una reducción del 59,61%”.
La contradicción también aparece en el presupuesto del Ministerio: mientras los gastos de funcionamiento aumentarían un 51,09%, la inversión caería un 52,12%, de acuerdo con el mismo análisis. El resultado sería una menor capacidad para comprar predios, formalizar la propiedad y respaldar proyectos productivos.
Estas cifras corresponden a proyecciones presupuestales que deben contrastarse con el presupuesto definitivo que apruebe el Congreso. Aun así, la magnitud de los recortes representa una alerta para la continuidad de la política agraria.
Frenar la compra y la entrega de tierras
El ministro de Agricultura anunció que no habría recursos para nuevas compras de tierras en 2027 y que se revisarían pagos pendientes por predios negociados, por un monto anunciado de 1,4 billones de pesos.
También se informó sobre la revisión de mecanismos para trasladar bienes administrados por la SAE a la ANT y la no renovación de 10.000 contratos de prestación de servicios del sector.
La transparencia en las compras públicas es indispensable y cualquier irregularidad debe investigarse. Sin embargo, la revisión de operaciones particulares no justifica paralizar la adquisición de predios ni debilitar la capacidad de las entidades encargadas de la reforma.
La existencia de tierras en el Fondo Nacional tampoco significa que estén listas para ser adjudicadas. Cada predio requiere verificar su situación jurídica, completar los procedimientos administrativos y establecer una ruta efectiva de entrega. Cuando se aplazan los pagos, se suspenden nuevas compras y se reducen los equipos técnicos, las familias campesinas enfrentan mayores obstáculos para acceder a la propiedad.
Los bienes de la SAE constituyen otra vía para incorporar tierras a la política agraria. Debilitar los mecanismos de transferencia a la ANT puede restringir las alternativas para ampliar el Fondo Nacional y acelerar la adjudicación a comunidades campesinas y étnicas.
La disputa por el territorio
“Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos constituyen otro frente de la controversia. Su propósito es preservar suelos estratégicos para la producción agroalimentaria e incorporar esa protección en las decisiones de ordenamiento territorial”, indica Daniela Vega, dirigente juvenil agraria e integrante de la Red Nacional en Defensa de la Reforma Agraria.
“El actual gobierno nacional amenazó con el levantamiento de protecciones en aproximadamente 95.583 hectáreas de municipios de La Guajira y Cundinamarca. También identifica retirar la protección de otras 667.034 hectáreas en Córdoba”, concluyó.
El retiro de estas protecciones puede modificar las condiciones de uso del suelo y aumentar la presión de actividades urbanísticas, extractivas o de infraestructura sobre territorios estratégicos.
“La soberanía alimentaria depende de preservar tierras fértiles y garantizar que las decisiones territoriales consideren la producción de alimentos y los derechos de las comunidades rurales”, añadió Vega.
Lección histórica
La historia colombiana demuestra que una reforma agraria puede perder fuerza sin que se derogue toda su legislación. La Ley 1 de 1968 reactivó instrumentos de reforma agraria a través del Incora. En 1972, el Pacto de Chicoral marcó un giro político que limitó el alcance redistributivo y privilegió otras alternativas frente a la concentración de la propiedad rural.
Aquel antecedente muestra que las reformas dependen de la voluntad política, los recursos presupuestales y la capacidad institucional para ejecutar las normas. Cuando estas condiciones se debilitan, las transformaciones pueden quedar reducidas a disposiciones legales sin respaldo material.
La concentración de la tierra está ligada a una historia de violencia, desplazamiento y despojo. Democratizar la propiedad requiere políticas sostenidas, garantías de seguridad y una institucionalidad capaz de proteger a quienes regresan al campo o buscan permanecer en sus territorios.
La adjudicación tampoco resuelve por sí sola las dificultades rurales. Las familias necesitan crédito, asistencia técnica, vías, comercialización e inversión productiva. La contrarreforma agraria avanza cuando se reducen los recursos para comprar tierras, se debilitan las instituciones encargadas de entregarlas y se retiran las protecciones que defienden el suelo agrícola.
La tierra sigue siendo el centro de una disputa económica y política que atraviesa la historia nacional.
