Lina Joya del Castillo –
La adopción del nuevo convenio marca un hito en la regulación de la economía digital y responde a una de las mayores transformaciones del mercado laboral en las últimas décadas. La norma establece que las plataformas digitales deberán garantizar principios fundamentales del trabajo decente, incluyendo ingresos suficientes, acceso a seguridad social, libertad sindical, negociación colectivaa y diálogo social.
El acuerdo, aprobado durante la Conferencia Internacional del Trabajo, fija estándares internacionales para definir las relaciones laborales en el entorno digital y establece que la naturaleza del vínculo entre las empresas y los trabajadores deberá determinarse por las condiciones reales en las que se presta el servicio más allá de las condiciones contractuales utilizadas por las plataformas.
Uno de los avances más relevantes del convenio es la regulación de la gestión algorítmica, un aspecto que hasta ahora había permanecido en una zona gris de la legislación laboral. La OIT determinó que los trabajadores tendrán derecho a conocer los criterios mediante los cuales se asignan tareas, se calculan los pagos y se aplican sistemas de evaluación, sanción o suspención de cuentas.
La decisión fue celebrada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien destacó el alcance social de la medida y afirmó que:
«la revolución tecnológica no puede construirse sobre la precariedad ni sobre trabajadores invisibles detrás de una pantalla».
El funcionario señaló que el desafío ahora será traducir este consenso internacional en mecanismos efectivos de protección y organización para quienes desarrollan su actividad laboral en plataformas digitales.
Colombia y el reto de convertir el acuerdo en realidad
Colombia tuvo una participación activa en las discusiones desarrolladas en Ginebra y considera que la aprobación del convenio fortalece los esfuerzos que el país viene impulsando para promover el trabajo decente y la justicia social en América Latina y el Caribe. La decisión también coincide con las recientes reformas orientadas a ampliar la protección de quienes trabajan mediante plataformas digitales.
De hecho, la reforma laboral aprobada por el Congreso incorporó mecanismos para que los trabajadores de plataformas de reparto accedan a la seguridad social mediante aportes compartidos con las empresas tecnológicas, manteniendo al mismo tiempo márgenes de autonomía en la prestación del servicio. Con la aprobación del convenio de la OIT, el desafío para los Estados será armonizar la innovación tecnológica con la garantía efectiva de derechos, consolidando un nuevo modelo laboral capaz de responder a las transformaciones del siglo XXI sin dejar atrás a quienes sostienen la economía.
Del vacío regulatorio a la protección de derechos en la economía digital
La aprobación del convenio es el resultado de un proceso de negociación iniciado en 2025 y refleja la creciente preocupación de gobiernos, sindicatos y organismos internacionales por las condiciones laborales en la llamada economía de plataformas. Durante años, millones de trabajadores han prestado servicios mediante aplicaciones sin que existieran reglas globales claras sobre sus derechos y garantías.
El nuevo instrumento internacional busca enfrentar fenómenos como la clasificación indebida de trabajadores como constratistas independientes cuando, en la práctica, existe una relación laboral subordinada. Para la OIT, este tipo de situaciones ha contribuido a la precarización laboral y a la exclusión de amplios sectores de trabajadores de los sistemas de protección social.
La regulación de los algortimos representa además un reconocimiento a los desafíos que plantea la transformación tecnológica del trabajao. La creciente automatización de decisiones relacionadas con asignación de tareas, ingresos y permanencia en las plataformas había generado cuestionamientos sobre transparencia, debido proceso y protección de derechos fundamentales en el entorno digital.
En ese contexto, la decisión de la OIT evidencia una evolución de la sociedad frente a las nuevas tecnologías. Lejos de frenar la innovación, el convenio busca garantizzar que el desarrollo tecnológico avance acompañado de reglas que protejan la dignidad humana, promuevan condiciones laborales justas y aseguren que los beneficios de la digitalización se distribuyan de manera más equitativa.
