La Chispa 🔥 La renovación de los colegios en concesión de Bogotá, denunciada por la dirigente sindical y docente Nelly Daza y cuestionada por la concejal Heidy, vuelve a poner en evidencia un modelo que concentra recursos públicos, precariza el trabajo docente y profundiza la segregación educativa.
A menos de dos meses del vencimiento de 22 de los 35 contratos de colegios en concesión, la Secretaría de Educación de Bogotá pretende prorrogarlos sin presentar los estudios de insuficiencia requeridos por la ley ni evidencia suficiente que justifique la continuidad del modelo. Nelly Daza, dirigente sindical y docente, denuncia que detrás de la renovación se ocultan condiciones laborales precarias, mecanismos de selección de estudiantes y una política que favorece a operadores privados mientras debilita la educación pública.
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Las cifras presentadas en el debate de control político cuestionan el argumento de que las concesiones son más económicas. El valor acumulado de los 35 contratos alcanza $1,535 billones, frente a $1,187 billones al comienzo. Entre 2020 y 2026 se destinaron más de $1,08 billones, de los cuales cerca de $198.000 millones corresponden solamente a 2026. Cinco operadores concentran 24 de los 35 colegios: Alianza Educativa, Fe y Alegría, Compañía de Jesús, Salesianos y Hermanos Maristas.
La comparación de costos también desmonta la propaganda de eficiencia. Según las cifras divulgadas, el costo por estudiante en concesión es de $4.798.951, mientras en la educación oficial básica alcanza $6.674.926 y en jornada única $8.950.106. Sin embargo, al sumar alimentación, conectividad, tecnología y movilidad, el costo contractual por estudiante en concesión llega a $6.885.350. La propia Secretaría reconoce que la metodología sigue en construcción y que las canastas educativas son parcialmente comparables.
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Daza denuncia además que los docentes de concesión soportan jornadas laborales 41,6 % superiores a las del sector público; el 66,5 % recibe dos salarios mínimos o menos y el 98,6 % tiene contratos de once meses o menos, sin estabilidad ni pago de vacaciones. A estas condiciones se suma la selección de estudiantes, que concentra en la red oficial la atención de entornos de mayor vulnerabilidad social, sin recursos equivalentes.
La renovación de los contratos amenaza con prolongar un modelo que presenta como excelencia la administración privada, mientras reproduce explotación laboral y segregación. La educación pública no puede seguir siendo desacreditada para justificar un negocio financiado con recursos de todos. Bogotá necesita transparencia contractual, condiciones dignas para sus docentes y una inversión que fortalezca la escuela pública, no que la condene al abandono.
