Por: Lina Joya del Castillo
Principalmente por razones políticas, se ha descartado de entrada la propuesta del presidente Gustavo Petro, referente a la elección de funcionarios de la rama legislativa por medio del voto popular, sin embargo, los 26.000 millones de pesos que le ha costado al país el último concurso de selección de jueces y magistrados, se suman a los argumentos para respaldar esta decisión.
No es la primera vez que se reportan irregularidades en este proceso, sin embargo, el más reciente procedimiento ha llamado la atención: en los seis años que lleva en curso ha sido el más largo en los últimos 30 años de la historia colombiana y aún faltan dos más para terminar.
Petro pone sobre la mesa evaluar la posibilidad de elegir a los jueces de la república por medio del voto popular. Aunque apenas fue una propuesta, esta tiene sus fundamentos en el panorama latinoamericano en que los partidos tradicionalmente de oposición se han enfrentado a conflictos de intereses para avanzar sus proyectos programáticos:
“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. No sé si es el mejor camino, pero no surge de la nada. (…) Las instituciones no son estáticas”, dijo el presidente.
Una razón no política para esta medida
Desde 2018 el Consejo superior de la Judicatura abrió la Convocatoria 27 de selección de jueces y magistrados por méritos, sin embargo desde entonces:
- Omitiendo su deber de seguimiento, vigilancia y supervisión, la Escuela Lara Bonilla, contrató un servicio ineficiente para realizar el proceso de concurso.
- Hay 2.744 cargos disponibles y esta cifra aumenta cada tanto.
- La convocatoria presenta falencias en el proceso.
- Paulatinamente y sin razón aparente, han retirado a aspirantes del concurso.
- Actualmente continúan en proceso 2.310 aspirantes; claramente insuficientes para suplir las casi 3.000 plazas disponibles -esta cifra aumentará dentro de los próximos años.
Puntualmente, un perito ha identificado varios errores en la consecución del proceso de evaluación y en los exámenes, entre otros:
- Parámetros pedagógicos insuficientes para la evaluación: preguntas poco claras, 240 otras que requerían como respuesta textos aprendidos de memoria.
- Retención de exámenes, acumulando pruebas en un solo periodo.
- Plataformas deficientes que impidieron la presentación de las evaluaciones de manera óptima.
- El IX Curso de Formación Judicial, no ha tenido en cuenta las condiciones estructurales de los participantes (brechas tecnológicas, de género, económicas, entre otras).
- Mantenerse en un concurso de esta importancia por más de seis años impacta negativamente las vidas de los concursantes.
Poco después de la propuesta del presidente Gustavo Petro en el discurso -por la posesión de la magistrada Elizabeth Becerra del Consejo de Estado- en que planteó esta posibilidad, la rama judicial en general denegó el apoyo, entre ellos la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), algunos magistrados que posteriormente dejaron de asistir a otro espacio por esta razón y aludieron que esto podría ser un “peligro para la independencia judicial”.
Por su parte, Hermens Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, por ejemplo, tildaron la propuesta de “antidemocrática” por dejar la justicia en manos de la política y los políticos.
Si bien existe en Colombia una marcada diferencia entre las ramas del poder público, la cual el presidente tampoco pretende romper, existen varias irregularidades dentro de la rama judicial que respaldan la idea del presidente Petro, ejemplos sencillos son las acusaciones a políticos de antaño que no han tenido avance, así como el acceso desigual a la justicia en los diferentes sectores sociales..
Nidia Gómez, representante de la Iniciativa Formación Judicial, conformada por 750 afectados, manifestó que:
“El Consejo Superior de la Judicatura debilita el mérito y le está dando, a la nación, un mensaje equivocado consistente en que, pese a que 3.800 de 43 mil abogados pasaron un exigente examen de conocimientos, no hay como nombrar jueces. Por el contrario, fortalece el clientelismo, pues, en ausencia de lista de elegibles, todos los días se nombran jueces en provisionalidad a discrecionalidad y con criterios personales e individuales de las altas Cortes y de los Tribunales. El servicio de justicia es pacificador. Una de las formas de que sea autónomo, sin presión de ningún tipo, es que los jueces sean nombrados mediante concurso.”
Hasta la fecha, el concurso ha tenido un costo superior a 26.000 millones de pesos y con los ocho años que lleva, es el más largo de las últimas tres décadas de la historia colombiana. Se han interpuesto alrededor de 100 acciones legales ante las autoridades competentes respecto a estas irregularidades detectadas en la convocatoria 27 de selección de jueces y magistrados.
Este panorama se puede mitigar para próximos procesos en una combinación de pruebas idóneas que califiquen a los aspirantes y que en última instancia, los seleccionados pudieran ser sometidos a votación popular, ampliando la posibilidad de ser elegidos para los cargos. Ser juez o magistrado es una instancia para la que los estudiantes de derecho y jurisprudencia se preparan desde la academia, como mencionó el presidente en su discurso, las instituciones no son estáticas y la ciudadanía también puede injerir en ellas con todo su derecho.
