La incautación militar de un buque petrolero por parte de fuerzas estadounidenses evidencia la resurrección agresiva de la Doctrina Monroe y un desprecio flagrante por el derecho internacional, según denuncian legisladores y expertos regionales.
Por: Ulises Guevara
En un acto que expertos en derecho marítimo internacional no dudan en calificar de «piratería moderna», Estados Unidos ejecutó esta semana una operación militar para abordar y secuestrar un buque tanquero en aguas del Caribe suramericano, frente a las costas de Venezuela. La acción, justificada por Washington bajo el amparo de sus sanciones unilaterales contra Venezuela e Irán, ha desatado una ola de indignación y denuncias en la región, siendo interpretada como una escalada peligrosa y una violación criminal de la soberanía nacional.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, y el expresidente Donald Trump glorificaron públicamente la incautación a través de redes sociales, difundiendo un video de 45 segundos que muestra comandos armados descendiendo de helicópteros sobre la cubierta del buque. Este alarde propagandístico, lejos de demostrar legalidad, expuso la naturaleza esencialmente militar y coercitiva de una operación que debería ser, en todo caso, de jurisdicción civil y consensuada.
El Delito Detrás del Disfraz Legal
Washington insiste en enmarcar el acto dentro de su «cumplimiento de la ley». Sin embargo, el marco legal invocado es puramente doméstico y extraterritorial: leyes estadounidenses que pretenden regir el comercio global según sus intereses geopolíticos. Esta aplicación unilateral choca frontalmente con:
1. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): Que consagra la soberanía de los estados sobre sus aguas territoriales y establece límites estrictos para intervenciones en alta mar.
2. La Carta de las Naciones Unidas: Que prohíbe el uso de la fuerza y exige el respeto a la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos.
3. El derecho a la libre navegación comercial: Un pilar del comercio internacional que EE.UU. socava cuando decide convertir la Armada en una fuerza de policía aduanera global.
«Lo que vemos es la criminalización del comercio de un país soberano», señaló la congresista colombiana Karmen Ramírez, quien prepara una moción de rechazo en el legislativo. «No es una incautación; es un asalto armado en aguas de un país hermano, disfrazado de procedimiento legal. Es la Doctrina Monroe ejecutada con rifles de asalto y helicópteros Black Hawk».
La Doctrina Monroe Recargada: De la Proclama a la Operación Especial
El episodio no es aislado. Se enmarca en una creciente militarización del Caribe por parte de Washington, denunciada persistentemente por gobiernos latinoamericanos. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, lo definió como un intento de «reimponer la Doctrina Monroe», la política del siglo XIX que declaraba a Latinoamérica esfera de influencia exclusiva de EE.UU.
Hoy, la doctrina no se anuncia con discursos, sino con operaciones de fuerzas especiales. El mensaje es claro: Estados Unidos se arroga el derecho de usar la fuerza para hacer cumplir sus políticas económicas y aislar a gobiernos que desafían su hegemonía, sin importar el derecho internacional ni la soberanía de las naciones.
La Hipocresía del Gendarme Global
La acción contrasta brutalmente con la retórica estadounidense sobre un «orden basado en reglas». Las únicas reglas que aplica son las que él mismo escribe y ejecuta con impunidad, ignorando foros multilaterales y la voluntad de la comunidad regional. Mientras exige a otros respetar la legalidad internacional, sus actos demuestran un desprecio profundo por sus fundamentos.
Grupos de derechos civiles dentro del propio EE.UU., como el Centro para los Derechos Constitucionales y la ACLU, han demandado a su gobierno, señalando la falta de justificación legal para operaciones en el Caribe que, según sus datos, han dejado decenas de muertes. La «guerra contra las sanciones» parece tener un costo en vidas humanas que Washington omite convenientemente en sus comunicados triunfalistas.
Un Llamado a la Conciencia Regional
El secuestro del buque petrolero es más que un incidente diplomático. Es un caso de estudio de la impunidad imperial: la creencia de que el poder militar y económico otorga derecho a actuar por fuera de la ley. La respuesta de América Latina no puede ser la complacencia.
Como afirmó la congresista Ramírez: «Frente a la piratería, solidaridad. Frente a la agresión, unidad. Frente al desprecio por nuestra soberanía, una voz continental firme. Es hora de dejar claro que nuestro mar Caribe no es un coto de caza para las aventuras militares de Washington».
La pelota está ahora en la cancha de los gobiernos y parlamentos de la región. Permanecer en silencio sería dar un peligroso consentimiento tácito a que estas acciones criminales con barniz legal se conviertan en la nueva normalidad en el patio trasero que nunca dejaron de creer propio.
